Programa:
Encuadre del problema
Patologías y diseño
Patologías y Materiales
Las tipologías y sus patologías
Envejecimiento noble y prematuro
Plazos de vida útil
Materiales nobles y no nobles
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Restauración
Reconstrucción
Materiales:
Propiedades de algunos materiales
Piedras, revoques, Metales (Ferrosos y no ferrosos)
Hormigón, plásticos.
Patologías y aislamiento hidrófugo
Patologías y aislamiento térmico
Patologías estructurales
Dilatación
Corrosión
Acción del fuego
Tratamientos:
Materiales y técnicas para tratamientos
Pinturas
Cañerías
Tratamientos hidrófugos
Cimentaciones
Breve curriculum
Arq. José Ignacio Barassi.
Arquitecto UBA
Presidente de JIBSA S.A. empresa especializada en restauración y patología de la construcción.
Especialista en tareas de restauración y conservación del patrimonio
Miembro de Comisión Directiva de la Cámara de Empresarios Pintores, restauradores y afines de la República Argentina. CEPRARA
Miembro del CIT. Centro de Información Técnica de la Cámara de Empresarios Pintores. CEPRARA
Profesor Titular en el área técnica del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.(Cicop),
Profesor Titular de Patología de la Construcción; Facultad de Artes y Ciencias de la Conservación. Universidad del Museo Social Argentino.
Coordinador de la Escuela de Operarios para Restauración de CEPRARA (Cámara de Empresarios Pintores, restauradores y afines de la R.A.)
Consejero del Primer Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 1999-2001
Representante del Consejo del Plan Urbano Ambiental en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del GCBA 1999 – 2003
Representante de la SCA ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
El 19 de agosto próximo vence el plazo para la presentación del certificado de conservación para edificios con más de 72 años de antigüedad, según lo exige la ley 257 de Mantenimiento de Frentes, y gran cantidad de organizaciones asesoran en forma gratuita a los propietarios sobre cuándo, cómo, dónde y cuánto cuesta realizarlo.
Esta ley le exige al propietario mantener todos los frentes de su propiedad en condiciones tales que no afecten la seguridad de terceros, y determina que un profesional matriculado, arquitecto o ingeniero, debe efectuar la inspección, elaboración y presentación de un informe técnico en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reflejando el estado de conservación del frente, contrafrente, muros medianeros sobre espacio urbano y muros de patios de aire y luz, incluyendo también balcones, barandas, marquesinas, cargas perimetrales de terrazas, revoques, revestimientos de todo tipo, y cerramientos vidriados.
Según la antigüedad del edificio, corresponderá presentar con cierta periodicidad un informe técnico y un certificado de conservación: Desde 10 y hasta 21 años, cada diez años; desde 22 y hasta 34, cada ocho; desde 35 y hasta 50, cada seis; desde 51 y hasta 71, cada cuatro; y desde 72 años en adelante, cada dos años.
El costo total variará en función del tipo y estado de la construcción, pero en el caso que no se deban realizar tareas de mantenimiento, se pueden sumar entre $ 300 y $ 700 de honorarios profesionales por la elaboración del informe técnico y certificado; $ 43 de gastos en el consejo de arquitectura o ingeniería ($ 3 del formulario de encomienda de tareas profesionales y $ 40 del registro de encomienda de tareas profesionales y certificación de la firma del profesional en la documentación presentada); más $ 10 en concepto de sellados en el GCBA.
La secuencia se inicia con el relevamiento del edificio, la confección del informe técnico y la firma de aceptación del propietario. Si se realizan tareas de mantenimiento, el profesional deberá controlar los trabajos y luego confeccionar el certificado de conservación.
Luego, en el consejo profesional respectivo (Arquitectura o Ingeniería), se deberán registrar la encomienda de tareas profesionales, y hacer certificar la firma del arquitecto o ingeniero en dos de las tres copias del informe (una queda en manos del profesional).
Los dos ejemplares firmados y el certificado se presentarán en la Dirección general de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC, en el segundo piso de Carlos Pellegrini 291). Allí se abona el sellado correspondiente, se presenta la documentación (acompañada por un certificado de dominio o un poder del representante del consorcio, realizados ante escribano público).
Uno de los ejemplares de la documentación se devolverá sellado al profesional, que servirá como comprobante de la presentación para el propietario.
Si el propietario recibe una intimación por incumplir la presentación, se deberá seguir el mismo procedimiento para estar en regla, presentándose un informe ante el GCBA para obtener un plazo de 90 días, en caso de tener que iniciar los trabajos indicados por el profesional.
El profesional puede desvincularse de la tarea si el propietario decidiera no iniciar los trabajos, prsentado ante el GCBA la tercera copia del informe que se encuentra en su poder; así deslindará su responsabilidad en caso de producirse un accidente.
Desde 1999, el arquitecto Marcelo Magadán se ocupa de las tareas de restauración de uno de los edificios hito de Buenos Aires: El Kavanagh. Al ser consultado por el tema de la ley 257 dijo que "En la ciudad de Buenos Aires, al menos el 90 por ciento de la destrucción del patrimonio arquitectónico se debe a las malas intervenciones, obras en las que el Estado (el nacional y el local) y los particulares muchas veces dejan de lado criterios internacionales, con más de un siglo de existencia y validez.
"Aunque no existen datos oficiales, de una pequeña investigación que realicé hace cinco meses sobre fachadas de ocho cuadras del Area de Protección Histórica 1 (un 3 por ciento del total del área de San Telmo y Montserrat), obtuve los siguientes resultados: muy malo, 7 por ciento; malo, 26 por ciento; regular, 52 por ciento, y bueno, 15 por ciento. No registré casos en la categoría muy bueno.
A la hora de recuperar no se trata de gastar más sino de invertir adecuadamente los recursos disponibles, pensando no sólo en el presente sino también en el futuro del edificio. La ciudad pretende vivir del turismo y estamos destruyendo uno de los atractivos más importantes: su paisaje construido. Los porteños no nos dimos cuenta aún que en esto del patrimonio arquitectónico lo que se pierde, es para siempre."
Hormigones: Cursos gratuitos dirigido a albañiles, maestros mayores de obra, subcontratistas y profesionales de la construcción, que incluirán: temas generales; mejoras y reparación de hormigones. Clases de 3 horas todos los jueves por la tarde, en Buenos Aires e interior del país.
Informes e inscripción, por el 0800-444-0459; 0800-888-7452
Humedades: A cargo del doctor Felipe Monk, sobre metodología de prevención e intervención en cubiertas, muros y sustratos afectados por el agua, en obra nueva o revitalización. Se estudiarán las características del agua según su origen.
Patrimonio: El arquitecto José Ignacio Barassi explicará: metodologías de análisis de edificios y detección de causales de patologías según el entorno urbano; mantenimiento de estructura, carcaza e instalaciones, y prioridades, secuencias y plazos de intervención y mantenimiento en edificios patrimoniales.
Control de obra: el ingeniero Héctor Buzzo desarrollará un curso intensivo sobre gestión, planificación, programación, organización de recursos, y control de costos y tiempos de ejecución de tareas, con casos prácticos.
Los distintos bloques de la Legislatura porteña presentaron ayer la nómina de los integrantes propuestos para conformar el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Mientras dos comisiones del cuerpo evalúan a los candidatos, un juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño hizo lugar a un recurso de amparo, presentado por tres entidades civiles, que solicita la inconstitucionalidad del plan, un proyecto que se encuentra en discusión y que será votado en los próximos meses.
El proyecto del Plan Urbano Ambiental busca mejorar el desarrollo y la calidad de vida de los porteños. Algunas de sus propuestas tienden a evitar el caos en el tránsito y optimizar el transporte público con medidas tales como la construcción en Retiro, Constitución y Balvanera de centros de transbordo que vinculen las líneas de trenes con los colectivos y los subtes.
Los nombres y los currículums de los postulantes serán publicados en el Boletín Oficial durante tres días, a partir de hoy.
El propósito de esa publicación es que puedan presentarse objeciones, si es que las hay, a estas candidaturas ante la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control, que preside la diputada frepasista Sandra Dosch.
"La Junta de Etica, juntamente con la Comisión de Planeamiento Urbano, debe decidir si los integrantes propuestos por los distintos bloques tienen la calidad científica necesaria para integrar el Consejo del Plan Urbano Ambiental", explicó Dosch a La Nación .
Según dijo la legisladora, ambas comisiones tienen plazo hasta el viernes próximo para confirmar o rechazar a los doce postulantes.
Las designaciones definitivas se votarán el próximo jueves 26, en una sesión especial, según confirmó ayer el vicepresidente primero del cuerpo, el radical Jorge Enríquez. En esa oportunidad, de los doce miembros preseleccionados se debe elegir a ocho.
La Legislatura anunció ayer en un comunicado que los postulantes son Rubén Gazzoli, Manuel Ludueña, Bárbara Roseen, Néstor Magariños, Héctor Aizpuro, Guillermo Mardaras, Margarita Charriere, José Ignacio Barassi, Luis Cabillón, Jorge Macdur, Carlos Cassano y Juan Molina y Vedia.
Según el mismo parte de prensa, se trata de "técnicos profesionales especializados en temas ambientales con antecedentes de excelencia científica, que aspiran a desempeñarse por el plazo de dos años".
El Consejo del Plan Urbano Ambiental estará presidido por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y también lo integrarán el secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, seis técnicos designados por el Poder Ejecutivo y los subsecretarios de Obras Públicas, Transporte y Tránsito.
Al tiempo que se decide la integración del Consejo, el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a tres acciones de amparo presentadas por las organizaciones no gubernamentales Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y la Fundación Ciudad.
Los amparos fueron patrocinados también por el Defensor Adjunto del Pueblo de Buenos Aires, Antonio Elio Brailovsky.
En la presentación, las entidades piden que se declare la inconstitucionalidad del plan, dado que el documento final que la Legislatura deberá tratar no fue elaborado con la participación de los vecinos, como prevé la Constitución de la Ciudad.
"El juez me hizo saber esta mañana (por ayer) que en el plazo de 24 horas debo notificar a cada legislador que si se vota la ley antes de su dictamen, será declarada inconstitucional", precisó ayer la presidenta de la Legislatura y vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras, y agregó que ayer mismo informó a los 60 diputados de la Legislatura.
La vicejefa de Gobierno expresó que la voluntad política del cuerpo es votar ambas leyes -la del PLan Urbano Ambiental y la que designa a los miembros de su consejo- en la misma sesión.
Felgueras señaló que el abogado de FARN, Daniel Sabsay, se reunirá esta tarde con García Espil. Y adelantó que harán una presentación que irá en contra de la principal objeción de las entidades que se oponen al texto de la ley: la falta de participación vecinal.
"Del debate del proyecto participaron 400 entidades vecinales -destacó Felgueras-. Sin ir más lejos, el cuarto anexo se llama "La reseña participativa del plan" y contiene todas las intervenciones de los vecinos. Y este anexo tiene 500 páginas."
Si Baldomero Fernández Moreno viviera, seguramente debería pagar mucho por el mantenimiento de aquella casa donde había "70 balcones y ninguna flor".
Es que la Legislatura porteña sancionó ayer una norma, impulsada por la diputada aliancista Griselda Lestingi, por la cual los propietarios de viviendas con balcones, molduras, salientes y cornisas deberán someterlos a control periódico y, si existen riesgos para los vecinos, tendrán que repararlos con dinero de su propio bolsillo, tal como lo dice el Código de Edificación.
De no cumplirse esta norma, el Gobierno de la Ciudad, previa inspección, podrá apercibir al ciudadano o empresa que ponga en riesgo a los vecinos y, de mostrarse renuente con la medida, designará un profesional inscripto, previamente sorteado, para que se encargue de la reparación del inmueble.
El costo correrá, por supuesto, por parte del vecino, y la ley dice que el gobierno deberá implementar, a través del Banco Ciudad, créditos destinados a los propietarios que deban realizar reparaciones.
En sus fundamentos, la norma señala como antecedente el hecho de que "en los últimos años se produjo un importante número de derrumbes" que provocaron accidentes "fatales y graves daños materiales".
De prosperar la ley luego de la audiencia pública prevista para el 29 de junio, los propietarios de inmuebles entre 10 y 21 años de antigüedad deberán realizar la inspección y la reparación en el término de seis años. Cada 5 años, los que tengan inmuebles de entre 22 y 34 años; cada 4, los que habiten en edificios o casas de entre 35 a 50 años; cada 3, los de 51 a 71 años; y cada 2, los que daten de 72 años en adelante.
Los barrios más afectados por esta norma son los de la zona sur, como San Telmo, La Boca y Barracas, que cuentan con construcciones bastante antiguas. Pero no serán los únicos.
La ley incluye el correcto mantenimiento de balcones, terrazas, azoteas, barandas, balaustres, barandales, ménsulas, modillones, cornisas, saledizos, cariátides, atlantes, pináculos, crestería, artesonados, marquesinas, toldos, carteles, letreros, maceteros, azulejos, mayólicas, cerramientos con armazones de metal o de madera y vidrios planos.
"Hay que cumplir con lo que ya dice la ley -dijo a La Nación el arquitecto José Ignacio Barassi, asesor de la diputada Griselda de Lestingi, autora del proyecto aprobado ayer- para tener mayor conciencia y evitar el peligro. Personalmente, creo que si va a afectar a barrios de la zona sur, el gobierno debería asistir a los vecinos", explicó.
Podés usar el formulario para contactarnos y te responderemos a la brevedad.